El pasado 13 de marzo de 2023 entró en vigor la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción por la cual se persigue, fundamentalmente, otorgar una protección adecuada a los informantes frente a las represalias que pudieran sufrir por el hecho de haber comunicado irregularidades o determinados incumplimientos normativos.
La Ley también persigue expresamente el fortalecimiento de la cultura de la información, de las infraestructuras de integridad de las organizaciones y el fomento de la cultura de la información o comunicación como mecanismo para prevenir y detectar amenazas al interés público.
En este sentido, una de las principales novedades que introduce la Ley es, en primer lugar, la obligación de contar con un completo sistema interno de información que se compone tanto del habitual canal de comunicación (lo que en la práctica se conoce como canal de denuncias o canal ético), como del proceso de gestión y seguimiento de la información recibida.
Dicho sistema de información interno deberá ser implementado tanto entidades de derecho público como entidades jurídicas del sector privado, estableciéndose un calendario para ello. En el caso de las entidades jurídicas del sector privado, las empresas con 250 trabajadores o más deberán de haber implementado un sistema interno de información para el 13 de junio del año corriente, mientras que las empresas de entre 50 y 249 trabajadores disponen de plazo hasta el 1 de diciembre de 2023.
Asimismo, las entidades deben designar un responsable del sistema interno de información y fijar un procedimiento de gestión y unos plazos para acometer los sucesivos hitos.
Se prohíben expresamente los actos constitutivos de represalia, incluidas las amenazas de represalia y las tentativas de represalia contra las personas que presenten una comunicación.
Por último, la Ley establece un preciso régimen sancionador, considerando infracciones, entre otras, cualquier actuación que suponga una efectiva limitación de los derechos y garantías previstos.
